Estado de incertidumbre y abandono en las Comunidades Indígenas tras dos meses de los derrames de petroleo en Amazonas
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Estado de incertidumbre y abandono en las Comunidades Indígenas tras dos meses de los derrames de petroleo en Amazonas

Mientras los niños chapotean en las aguas cristalinas de la comunidad indígena de Pakun, es difícil creer que éste fue uno de los asentamientos humanos más afectados por los derrames de petróleo.

Los desastres tuvieron lugar entre enero y febrero de este año, producidos por roturas en el oleoducto norperuano operado por la empresa Petroperú.

“El río se lo llevo todo”

“Fue terrible en el momento”, comentó Eloise Piitug Najagkus, un residente de Pakun. “Todo el río estaba negro, los niños volvían con ronchas en sus cuerpos, y dolores de cabeza por el olor. Ahora no se ve nada, el río se lo llevo todo”.

Los efectos inmediatos del derrame se pueden sentir en las barrigas y bolsillos de los residentes. El petróleo se ha filtrado en los subsuelos en el que la gente cultiva yuca, plátanos y otros alimentos que son la principal fuente de ingreso monetario de la comunidad. Hoy en día, los compradores de estos cultivos se alejan, debido a que existe una preocupación sobre los efectos que podrían tener éstos alimentos para su salud.

También devastados por el derrame de petróleo es la población pesquera local, ya que era la principal fuente de proteínas de las áreas de habitantes. Nadie sabe si el consumo de pescado encontrado en el río va a hacer que se enfermen. Casos similares de derrames de petróleo en el Oriente de Ecuador, que han dado lugar a una crisis de salud en los pueblos indígenas, no se establece un buen precedente.

“No hay garantías”, es como el alcalde del distrito del Chiriaco y Imaza, Otoniel Danducho resume la situación.

“No hay garantías de que mañana el cultivo pueda llegar a venderse. Y no hay garantías de que dentro de unos años no volvamos a ver serias complicaciones de salud que aparezcan en la población.”

“No hay garantías”

Agravando la sensación de incertidumbre es la indiferencia de Petroperú que hasta ahora no reconoce lo ocurrido como desastre ambiental y según las comunidades ha fallado en proporcionar asistencia significativa a las comunidades afectadas.

“Aparte de venir a limpiar el río, lo único que nos han dado es de tres kilos de arroz”, afirmó el Apu de Pakun, Jaimer Manihuari.

“Podría pensarse que la prioridad de Petroperú y el gobierno sería la de realizar un estudio para comprobar la contaminación en el agua o el suelo. Pero no ha habido nada.”

Aún se espera resultados de análisis realizados por el Ministerio de Salud que establecerán si los derrames pusieron en peligro la vida de las comunidades.

Desamparado a sus destinos

La sensación que Petroperú y el Gobierno Nacional han dejado a la población desamparada a sus destinos es palpable. En la última década el estado peruano ha cosechado riquezas enormes por el auge de hidrocarburos, pero ha fallado en cumplir sus promesas en alentar el desarrollo económico a las comunidades en las que los recursos se extraen.

Aunque los trabajos que el petróleo trae a la Amazonas son bienvenidos, son pocos y no abollan las problemas por el desempleo masivo, la desnutrición crónica y el VIH que cada vez se agudizan dejando a las autoridades locales abrumado. El 60 por ciento de las comunidades indígenas en Amazonas ya se han visto afectados por la enfermedad que está creciendo a un ritmo alarmante, impulsado por la migración de los varones indígenas a las ciudades que luego regresan a sus comunidades sin darse cuenta que están llevando la infección.

La municipalidad de Chiriaco, que tiene un presupuesto de sólo tres millones de soles al año para proporcionar servicios a 149 comunidades indígenas se encuentra en el punto de quiebre.

“Hay un tema histórico de subdesarrollo en las comunidades indígenas que está llegando a un punto crítico. El Estado tiene que intervenir y ayudar a nuestras comunidades”.

Propiedad colectiva y la pobreza estructural

Para las comunidades nativas, la sensación de que el estado tiene la obligación de actuar no es sólo una cuestión de solidaridad humanitaria, sino reciprocidad básica. Las comunidades indígenas son asignados como derechos de propiedad colectiva sobre la superficie de los territorios en los que viven pero tales concesiones no obligan a los mismos derechos e incentivos para poseer y desarrollar sus tierras como sería el caso de la propiedad privada.

El resultado es que la comunidad indígena se une en una pobreza estructural dependiendo de la buena voluntad del gobierno nacional para reinvertir los beneficios del comercio del petróleo. Existe una situación legal precaria con pocos recursos para hacer reclamos cuando el medio ambiente de los que dependen esta designado para un proyecto, o peor aún, contaminado, ya que legalmente la tierra no es “suyo”.

“Hay gente que dicen que el subsuelo debe pertenecer a las comunidades nativas, lo cual lo dicen por ignorancia. Desintegrara la soberania del estado Peruano” aseveró el congresista Martín Belaunde ante una convocatoria del congreso la semana pasada.

De hecho, la principal preocupación del congreso es encontrar la manera de agilizar el proceso de consulta previa, en lo cual las comunidades legalmente deben ser informados de los proyectos a realizarse en su territorio.

Para Otoniel Danducho, seria bueno si las reglas de consulta previa fueran respetadas tales como están.

“El Estado dice que el subsuelo no nos pertenece a nosotros, que lo que nos pertenece es la que se encuentra por encima de ella. Está bien, pero acaso nos han compensado por el privilegio de construir el oleoducto en nuestra tierra, todos los árboles talados, la aguas de pesca sellados? Por 46 años la tubería ha estado en nuestro patio trasero y no han pagado ninguna forma de compensación”, indico Danducho.

Denuncias y manifestaciones

A pesar de este situación deprimente, en vez de someterse a la resignación, el derrame de petróleo ha servido para movilizar a las comunidades en una manera sin precedente. Actualmente las comunidades están presentando una demanda internacional contra Petroperú, es la primera vez que se ha visto una acción así.

Tanto es la indignación en las comunidades, que hay otros que están tomando acciones más directas para que sus pedidos sean atendidos. Este fin de semana más de 600 nativos ocuparon las instalaciones de Petro Perú en la provincia de Loreto. Las manifestantes están demandando entre otras cosas la indemnización a las 25 comunidades afectadas por el derrame de petróleo, pago por derechos indígenas y la construcción de tanques de agua y piscigranjas.

Es difícil predecir lo que depara el futuro para las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas, pero lo que está claro es que los políticos en Lima se equivocan al pensar que las cosas van a ser lo de siempre.

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