¿Hay quien se opone a que desplazados por la violencia vuelvan a sus hogares?
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¿Hay quien se opone a que desplazados por la violencia vuelvan a sus hogares?

Después de medio siglo de conflicto interno en Colombia, la última marcha de la oposición de derecha reveló que entre quienes la conforman, existe un grupo que se opone a la Ley de Restitución de Tierras.

Portaban camisetas con la leyenda “No a la restitución de tierras”, y generaron extrañeza entre algunos de los presentes pero sobre todo entre los que rechazaban la marcha, quienes de paso los tomaron como pretexto para generar críticas.

En una entrevista concedida al portal Pacifista, se identificaron como miembros de la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt).

Los miembros del grupo dicen aglutinar a una serie de dueños de tierras que aclaran haber adquirido sus terrenos de forma legítima, sin saber que estos habían sido arrebatados a un primer dueño.

“De buena fe”

Ahora, con el amparo de la Ley de Restitución, los dueños legítimos están obteniendo de vuelta sus terrenos, pero a costa de que es ahora el gobierno el que estaría despojando a los dueños “de buena fe”.

El problema no se detiene allí. Puesto que se comprueba el viejo adagio, “hecha la norma, hecha la trampa”: los representantes de Asocolvirt añaden que varios de los que se dicen víctimas vendieron sus terrenos sin necesidad de amenazas o favorecieron a la insurgencia y se fueron cuando llegaron las autodefensas.

Pacifista también consultó a otro tipo de manifestantes que apoyan la iniciativa, los cuales explicaron que el fenómeno es más común de lo que se cree. Varias regiones estarían presentando el fenómeno inverso al desplazamiento que sufrieron por la guerra, pero ahora con presuntos desconocidos que arriban diciéndose víctimas para apropiarse de los terrenos. Tan es así que defienden el derecho de los que se quedaron a armarse y defenderse.

“Hay comunidades enteras diciendo que si hay que volear plomo, volean plomo, que si tienen que alzarse en armas contra el Estado lo van a hacer.”

La mayoría de los manifestantes que salieron a las calles en varias ciudades de Colombia el pasado sábado 2 de abril son seguidores del expresidente Álvaro Uribe. El mandato encabeza la oposición de derecha al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De ahí que justo una de las voces más sonoras contra la restitución sea la de uno de sus partidarios, el procurador general Alejandro Ordóñez.

Desplazamiento

El jefe del ministerio Público también se pronunció al respecto, asegurando que de entre las nuevas víctimas hay nuevos actores: los que recuperaron las tierras de los abusadores que forzaron el desplazamiento.

“El diseño de la Ley desconoció unas realidades. Pretendió algo sano que es quitarle la tierra a los despojadores, a los delincuentes, pero con mucha frecuencia no se encuentran a los despojadores sino a terceros, ocupantes, opositores de buena fe y se termina haciendo una injusticia. Quedan dos víctimas enfrentadas: a quien se le despojó y a un tercero,” aseguró Ordóñez.

El problema que queda evidenciado con estas denuncias es que un campesino corriente no podría haber recuperado unas tierras por sí solo, a fuerza de voluntad y resistencia civil.

Menos si no es el dueño legítimo reclamando lo que es suyo. Quienes las recuperaron debieron haberlo hecho con el interés de quedárselas, y sobre todo con métodos que compensaran la violencia de los primeros agresores. Los primeros y casi únicos en haber equiparado la violencia de las guerrillas fueron los paramilitares.

Además, ¿cómo es que los nuevos dueños compraron “de buena fe” los terrenos? ¿Quién se los vendió?

¿Por qué le reclaman al gobierno que le intenta devolver el terreno a sus legítimos dueños y no al que los habría engañado vendiéndoselos como propios?

Amenazas y reclamos

Además de los tortuosos y largos procesos que implica la restitución de tierras, los reclamantes también lidian con problemas adicionales como las amenazas de grupos delincuenciales incluso derivados de aquellos que los forzaron a desplazarse.

La emisora Caracol Radio reveló que de acuerdo con datos de la Unidad de Restitución de Tierras señalan que en los últimos meses ya son unos 600 reclamantes los que han tenido que ser incluidos dentro de programas de protección debido a las amenazas.

El director de la unidad, Ricardo Sabogal, dijo a ese medio que “dichas intimidaciones se presentan por parte de personas ajenas a la región quienes se encargan de amedrentar a la población con el fin de generar temor en esta comunidad retornada, entorpeciendo así el proceso de restitución de tierras que se lleva en la zona.”

Ver también:

Land reclaimed from Colombia’s FARC used for drug crops