Chile y Bolivia acuden a La Haya para dirimir derechos sobre el río Silala
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Chile y Bolivia acuden a La Haya para dirimir derechos sobre el río Silala

El gobierno chileno de la presidenta Michelle Bachelet radicó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con el fin de definir si el fronterizo río Silala tiene carácter internacional, y por ende ambos países tendrían derecho al uso de sus aguas.

Aunque nace en territorio boliviano, Chile reclama que su recorrido se interna en su territorio y por ende tiene el mismo derecho de aprovecharlo, circunstancia por la que Bolivia, en cambio, pide un pago. El presidente Evo Morales ratificó esa posición en una reacción pública en su cuenta de Twitter:

El detonante de la situación acerca del río fue el propio presidente boliviano Evo Morales, quien aseguró recientemente que el río había sido “robado por Chile”, explicó 24 Horas de Chile.

La mandataria sostuvo una primera reunión este lunes con el fin de comenzar a delinear la estrategia que usará la delegación de su país en el nuevo litigio, para lo cual tendrá que redactar una memoria que sostenga su posición, lo mismo que hará su contraparte, añadió ese medio.

Tras la reunión, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo a La Tercera que “Chile no puede permanecer pasivo frente a la conducta del gobierno de Bolivia”.

Muñoz también detalló los puntos sobre los cuales se basará su argumentación en ese mismo medio:

  1. “Chile le pida a la Corte (sic) que decida que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional”.
  2. “Que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional”.
  3. “Que bajo el estándar de uso equitativo y razonable Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala”.
  4. “Que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades en las cercanías del río Silala”.
  5. “Que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado y que pueda tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar antecedentes e información y de conducir cuando sea apropiado un estudio de impacto ambiental para permitir a Chile evaluar los posibles efectos de estas medidas”.

El presidente boliviano había anunciado que sería él quien denunciaría a Chile frente al mismo tribunal cuando militarizó el mismo punto fronterizo acusando a su contraparte de hacer uso ilegal del recurso hídrico, asegurando que la compañía colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) estaría explotándolo para disponer de sus aguas para proyectos mineros del lado chileno del mismo.

Chile negó las acusaciones en su momento, al igual que EPM, pero Bachelet agregó que respondería con una contrademanda tras haberse agotado las instacias de diálogo bilateral entre ambos países. Al final fue la mandataria la que cumplió.

Después de ese episodio, hace prácticamente un mes, el presidente Morales había acusado a Chile de tener una base en la frontera, cerca al Silala. El jefe de estado agregó que la presunta base era ilegal asegurando que los convenios internacionales establecen que “solo se puede instalar bases militares a 50 kilómetros de las fronteras entre países”.

La cancillería chilena dijo que las acusaciones eran infundadas, pero no se quedó ahí: en la nota diplomática de respuesta le devolvió la acusación a Bolivia, asegurando que ese país sí tenía una base permanente a solo un kilómetro y medio de la frontera en inmediaciones del mismo río.