Asesinan a otra activista hondureña cuatro meses después de Berta Cáceres
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Asesinan a otra activista hondureña cuatro meses después de Berta Cáceres

Un nuevo asesinato de una activista ambiental enlutece a Honduras, al tiempo que continúa sembrando dudas sobre los sombríos intereses detrás de la arremetida contra las más reconocidas defensoras del medio ambiente en ese país en lo corrido del año, siendo este el segundo feminicidio tras el de la reconocida Berta Cáceres.

Esta vez se trata de Lesbia Janeth Urquía, de 49 años de edad, también activista por los indígenas, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles en un vertedero de basura en el muniicipio de Marcala, departamento de La Paz, a unos 160 kilómetros de la capital de ese país, Tegucigalpa.

La mujer había desaparecido el martes por la tarde después de salir a montar en bicicleta, y fue encontrada muerta el miércoles. La Secretaría de Seguridad de ese país indicó que el cadáver mostraba signos de un impacto letal en la cabeza, el cual le habría causado la muerte inmediata. Además, aventuró una primera hipótesis del crimen, atribuyéndolo al robo de la bicicleta en que se movilizaba.

Sin embargo, esa tesis no cala entre los allegados a la víctima, quienes apoyaban su causa y diversas organizaciones asociadas alrededor del mundo. Urquía era líder indígena y activista abierto contra los proyectos hidroeléctricos en la región de La Paz liderados por la vicepresidenta del Congreso de ese país, Gladys Aurora López, quien ha sido directamente señalada como “la primera sospechosa” por Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), grupo por los derechos indígenas con el que Urquía estaba afiliada.

En declaraciones a Radio Francia Internacional, Gómez añadió que “Lesbia (Urquía) tenía una lucha fuerte en contra del proyecto hidroeléctrico ‘Aurora 1’ que ella (Gladys López) promueve”.

En un comunicado, el COPINH calificó su muerte como un “feminicidio político” y responsabilizó “al gobierno de Honduras (…), a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”.

El Consejo también amplió su denuncia a López y su esposo Arnold Castro “por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”. En ese sentido, apuntaron a la coyuntura que se vive en ese país actualmente como propicia para el hecho:

“El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”

Y es que las consultas populares para definir la implementación de los proyectos hidroeléctricos entre los habitantes de las zonas afectadas no se habrían realizado, tal como denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en el sitio Rebelión.org. Allí también sostuvieron que las autoridades hablaron de un intento de hurto “tratando de desvanecer las implicaciones políticas” del hecho, tratando de trivializarlo.

La muerte de Urquía se produce cuatro meses después de la de la internacionalmente reconocida activista ambiental Berta Cáceres, que fue ultimada a tiros en marzo pasado y cuyas banderas había tratado de asumir la nueva víctima.

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