Campesinos pagarán hasta 30 años de cárcel por la masacre de Curuguaty
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Campesinos pagarán hasta 30 años de cárcel por la masacre de Curuguaty

Cuatro años después de la masacre de Curuguaty, que ocurrió en Paraguay el 15 de junio del 2012 y en la que murieron 17 personas, entre ellas seis policías y once campesinos, el Tribunal de Sentencia de ese país, halló culpables y condenó a once campesinos con penas que van desde los cuatro hasta los 30 años de prisión.

El hecho sucedió en medio de “un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty”, tal como describe el informe de la misión internacional de investigación encabezada por la Food First Information and Action Network (FIAN), la Campaña Global por la Reforma Agraria-Centroamérica, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Cataluña-España, Radio Mundo Real/Amigos de la Tierra Internacional y ANAMURI-Chile, acompañados por las organizaciones paraguayas miembros de La Vía Campesina.

Debido a la complejidad del caso, Ramón Trinidad Zelaya, juez que presidió el Tribunal, decidió solo leer la conclusión de la sentencia, aunque el lunes 18 de julio deberá hacerlo en su totalidad.

Los condenados son Rubén Villaba, quien tendrá que pagar una pena de 35 años: 30 en prisión y 5 con medida de seguridad; Luis Olmedo, a quien le impusieron una pena de 20 años de cárcel; y Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, que pagarán 18. Por su parte, Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López Peralta permanecerán dos años bajo arresto domiciliario pues ya cumplieron cuatro años de cárcel desde que fueron detenidas en el 2012, al igual que Juan Carlos Tillería, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro, los únicos que ya se encuentran en libertad tras haber pagado cuatro años de prisión.

A pesar de que antes de dictar la sentencia, según reportó el Diario La Nación, el juez Zelaya aclaró que jamás recibieron “orientaciones ni opiniones de ninguna autoridad política, religiosa ni miembros del Poder Judicial, ni de (sus) colegas ni de camaristas ni ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

La defensa, por su parte, manifestó que no existen pruebas contundentes y que el fallo “representa una farsa jurídica y una bofetada a la ciudadanía”, registró el periódico ABC.

Víctor Azuaga, uno de los abogados de los campesinos, dijo a la emisora 970 AM que “recurrirán a estamentos internacionales por las series de irregularidades que se presentaron durante el juicio oral”. Agregó que en el hecho “murieron 17 personas y la investigación solo fue abierta en base a 6”. Además, agregó que “a cuatro años del caso no pudieron demostrar el homicidio doloso en grado de tentativa y cambiaron a homicidio doloso consumado”, algo que, según él, “invalida el juicio”.

Políticos de partidos de izquierda también reprocharon la sentencia. El secretario de relaciones internacionales del Frente Guasu y Parlamentario de Mercosur, Ricardo Canese, subió un video a su cuenta de Twitter en el que le pide a la Organización de Estados Americanos (OEA) que los escuche “para manifestar la profunda preocupación por la injusta condena de los campesinos que son verdaderos presos políticos (…) y que se están violando derechos humanos extremadamente graves en Paraguay”.

Por otro lado, las reacciones de los familiares de los policías que murieron en el 2012 contrastan con las declaraciones anteriores. Así lo evidenció al diario La Nación Liz Leyva, esposa del policía Osvaldo Sánchez Díaz, uno de los fallecidos: “Tengo un poco más de paz ahora, al saber la sentencia para los acusados de la masacre de Curuguaty. Por lo menos disminuyó un poco más el inmenso dolor que tengo”.

En los próximos días se esperan movilizaciones en las calles para apoyar a los condenados por la masacre del 15 de junio. Vale la pena recordar que aquella tragedia fue una de las razones para que el 22 de junio del 2012, el Senado destituyera de su cargo al entonces presidente paraguayo Fernando Lugo.