El Salvador reabrirá crímenes de lesa humanidad olvidados desde la guerra civil
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El Salvador reabrirá crímenes de lesa humanidad olvidados desde la guerra civil

El Tribunal Supremo de El Salvador declaró inconstitucional la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que data de 1993, la cual ayudó a poner fin a la guerra civil del país pero también impidió que las autoridades buscaran justicia para violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto.

Los jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dictaminaron que los artículos de la Ley de Amnistía violan el derecho constitucional de acceso a la justicia e impiden que el Estado cumpla con su obligación de prevenir, investigar, procesar, sancionar y ofrecer una compensación por violaciones graves a los Derechos Humanos.

El Salvador enfrentó una guerra civil de 12 años entre el Estado y rebeldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antes de firmar acuerdos de paz en 1992. En 1993, la Asamblea Legislativa del país promulgó la ley que prohíbe el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por el ejército y los rebeldes de izquierda durante el conflicto que se cobró unas 75.000 vidas.

Desde entonces, miles de casos permanecieron en impunidad e incertidumbre, por lo que esas historias vuelven ahora a cobrar vigencia con la decisión. El portal Estrategia y Negocios habla de al menos ocho grandes casos que tendrían que reactivarse y que datan incluso de 1980.

Pese a que esto ha representado todo un sacudón para el país, ElSalvador.com indica que serán aquellos casos de atentados a los Derechos Humanos los que saldrán de la amnistía.

Además, ese medio especifica que esto no pondría en peligro los acuerdos de paz alcanzados, los cuales tienen a varios exmiembros insurgentes en puestos del gobierno, pues en ellos “no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía”, y por el contrario se estableció el compromiso de luchar contra la impunidad.

La Fiscalía General de El Salvador es sin duda una de las instituciones que cobrará más protagonismo en la nueva contingencia. El titular de esa institución, Douglas Meléndez, expresó su voluntad de seguir actuando conforme a la ley y “hacer lo que se tenga que hacer”: “respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia”, subrayó.

Sin embargo, Meléndez aceptó que las exigencias que tendrá la Fiscalía podrían superar su capacidad actual, por lo que señaló que se propone “analizar la incidencia que nos va a tocar como institución”. Concretamente, el funcionario se mostró dubitativo sobre los recursos de los que disponen para las responsabilidades que tendrá que asumir, pero eso sí no dejó de confirmar que en caso dado se advertirán sus limitaciones para buscar que no deje de haber cumplimiento por este motivo.

El exfiscal Félix Garried Safie dijo a La Prensa Gráfica que se trata de una determinación que “cambia la historia del país”, al tiempo que describió la situación que se avecina como “un tsunami de presiones para la Fiscalía, que tendrá que investigar los delitos considerados de lesa humanidad y tendrá la obligación de abrir procesos que han estado en el olvido”.

Amnistía Internacional se mostró complacida con la decisión y en cabeza de la Directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, calificó de histórica la decisión:

“Al darle la espalda a una ley que no ha hecho más que dejar que criminales hayan escapado a la justicia por décadas tras cometer serias violaciones a los derechos humanos, el país está finalmente enfrentando su trágico pasado”

Con información de la agencia AP.