Opinión: Colombia se rajó en tolerancia
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Opinión: Colombia se rajó en tolerancia

La semana pasada, en varias ciudades de Colombia, miles de personas salieron a marchar “a favor de la familia”, manifestación que fue promovida en su gran mayoría por políticos opositores al Gobierno e instituciones religiosas, que apoyándose en las redes sociales y algunos medios de comunicación mal intencionados, convirtieron un tema serio en una ola de desinformación y de odio generalizado, pues le hicieron creer a la población que el Ministerio de Educación, en cabeza de Gina Parody, pretendía promover –y hasta imponer– una ‘ideología de género’ en los colegios y repartir una cartilla a profesores y estudiantes con contenido obsceno.

En un video publicado hace tres semanas en su página de Facebook, la diputada santandereana Ángela Hernández, una de las principales gestoras de esta protesta, inició la controversia tras afirmar que la ministra Gina Parody “ha querido malinterpetar (la ley 1620 del 2013) y enviar unas preguntas orientadoras a los colegios a través de las cuales pretende no garantizar que no haya una discriminación LGTBI, sino imponer una ideología de género que es una política y un pensamiento cien por ciento de esta comunidad para educar a los niños y las niñas en Colombia”.

Por su parte, la cartilla que alteró aún más los ánimos–pero que es falsa– fue divulgada por el medio Costa Noticias, que a pesar de todas las aclaraciones que fuentes oficiales han hecho en los últimos días, continúa insistiendo en que ese material es repartido por el Gobierno y que en ciudades como Santa Marta, por ejemplo, los libros también tienen contenido bilingüe para que los niños practiquen el vocabulario y la pronunciación a la vez que construyen oraciones en inglés sobre homosexualidad.

Es cierto que existe una cartilla pero no es ni parecida a la que este medio ha divulgado y se ha ‘viralizado’ en redes sociales. El documento es técnico, se llama Ambientes escolares libres de discriminación y fue elaborado en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Lo que sucedió es que fue “compartido en las páginas web oficiales de las agencias de la ONU por efectos de transparencia, sin contar aún con la autorización del Ministerio de Educación Nacional para su publicación y distribución, puesto que es un documento en construcción”, expresa el comunicado de Naciones Unidas. También aclara que “la publicación tiene registro ISBN ya que el convenio tramitó el mismo, para identificarla y evitar que se confunda de manera infundada con otras” y que “lo importante es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente sea discriminado en su entorno escolar y se cumpla la ley 1620 de convivencia escolar y las sentencias de la Corte Constitucional”.

Es verdad que la situación no fue controlada de la mejor manera por Parody y su gabinete, y que sus declaraciones confusas exasperaron más a la población. Solo hasta cuando el presidente Juan Manuel Santos, en rueda de prensa, afirmó que “ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado ni han promovido ni promoverán la llamada ideología de género”, los ánimos se calmaron un poco.

Pero lo que resulta inconcebible es que a pesar de que el matoneo a la comunidad LGTBI ya ha cobrado víctimas en Colombia –sucedió, por ejemplo, con el joven Sergio Urrego quien se suicidó porque no soportó más la discriminación a la que fue sometido por sus preferencias sexuales– tantas personas hayan salido a marchar en contra de un derecho que es constitucional y con mensajes tan ofensivos como los que evidenciaron algunas personas en sus cuentas de Twitter:

Aunque Colombia se haya rajado en tolerancia la semana pasada, será obligación de este y de los próximos gobiernos garantizar los derechos de las minorías y que en cumplimiento de lo que dice la ley 1620 del 2013, se “promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes”. Además, tal como lo señala la Constitución Política de Colombia, en su artículo 19, se debe “(garantizar) la libertad de cultos” ya que “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.

Por eso resulta irrisorio y descabellado que, de acuerdo con El Espectador, algunos sectores políticos, a través de un referendo, pretendan que la educación sobre familia y matrimonio se enseñe con base a lo que dice la Biblia: eso no solo sería discriminatorio sino ilegal.