Policías peruanos son investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales
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Policías peruanos son investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Por presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), entre los años 2011 y 2015, el Ministerio del Interior ha solicitado iniciar una investigación inmediata que deberá dar resultados en un plazo máximo de diez días.

Al parecer, se trataría de 96 integrantes de la Fuerza Pública —16 oficiales y 80 suboficiales— quienes presuntamente bajo el mando del comandante Enrique Prado Ravines organizaban estas ejecuciones luego de los operativos con el fin de obtener ascensos y condecoraciones.

Así lo aseguró uno de los testigos que por miedo y arrepentimiento decidió colaborar con la justicia y concederle una entrevista al programa Cuarto Poder, en la que contó cómo se organizaban estas acciones criminales.

El testigo, quien por seguridad no reveló su nombre ni su identidad, afirmó que hizo parte del grupo de civiles a quienes el comandante Prado les pagó para “engañar e incentivar a delincuentes de poca monta y a personas de dinero fácil a cometer delitos, grabarlos en los preliminares, justificar el uso de partidas de inteligencia y centrar a los incautos con fecha y hora. (Así), el presunto delito que había sido armado, (era presentado) como una gesta de la Policía Nacional”. Confesó también que durante el año y medio en el que trabajó para el comandante, ganó entre 500 y 800 soles.

En su defensa, Prado Ravines en entrevista para el canal de TV Latina afirmó: “Ya el mal está hecho, ya como agente de inteligencia he sido anulado […] He sido expuesto yo y mi familia, ya me han agraviado y he sido tratado de cabecilla y delincuente. Todos me han prejuzgado por un informe amañado, lesivo”, replicó el diario La Razón.

Su abogado, Isaac Nonalaya, también negó las acusaciones y dijo que es “probable que el colaborador esté en una situación de deficiencia económica y (busque) dinero haciendo alarde de historias falsas”, reseñó el portal El Comercio.

En entrevista para ese mismo medio, Fernando Castañeda, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló que “los casos de corrupción dentro de la PNP se dan, no solo por la presencia de malos agentes, sino por la falta de una vigilancia adecuada que vaya más allá de denuncias ante la Inspectoría de la Policía”.

La Defensoría también se manifestó a través de su cuenta de Twitter:

Se cree que son 27 las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, la denuncia inicial ya la había hecho en el 2015 el mismo comandante de la Policía Franco Moreno Panta, quien en su momento alegó por la muerte de 18 supuestos criminales, cifra que se conocía hasta ese entonces.

Pero a pesar de que la investigación ha tenido que atravesar una serie de trámites y trabas jurídicas desde que comenzó, el diario La República informó que “el nuevo ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha ofrecido efectuar una rápida investigación y brindar los primeros alcances en los próximos diez días”.

Para lograrlo conformó una comisión especial integrada “por el viceministro de Orden Interno Ismael Vargas, la inspectora general del Sector Interior Susana Silva, el teniente de la Policía en retiro Luis Montoya y el doctor Luis Naldos Blanco (quienes deberán reportar) directamente al despacho de Basombrío (…) y no interferirán de ninguna forma las investigaciones que viene llevando a cabo el Ministerio Público sobre el caso”, señaló América TV.