Estado colombiano reconoce un crímen y es condenado por otro
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Estado colombiano reconoce un crímen y es condenado por otro

A menos de un mes de la crucial votación por el plebiscito que pondría fin al conflicto con la guerrilla de las FARC, el Estado de Colombia ha reconocido su responsabilidad en el exterminio sistemático de una serie de activistas políticos de izquierda en la década de los 80, mientras que casi al mismo tiempo que recibía una condena por la muerte de un reconocido humorista político y promotor de la paz.

El propio presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por el papel del Estado en el asesinato de unos 3 mil activistas del movimiento Unión Patriótica (UP) que fueron eliminados por escuadrones de la muerte paramilitares hace alrededor de 3 décadas, a veces en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado.

Santos dijo que el llamado “exterminio de la UP” nunca debió haber tenido lugar, e hizo un llamado a los colombianos a respetar el movimiento político que se forme con la firma del acuerdo de paz con las FARC. La UP como  partido se creó en la década de 1980 durante las conversaciones de paz con ese mismo grupo guerrillero.

El mandatario expresó su confianza en el Estado para proteger a los líderes de las FARC, seguro de que la tragedia no se repetirá.

No obstante, en el máximo tribunal administrativo de Colombia se profirió una condena al Estado como responsable de la muerte del humorista, crítico, periodista y activista Jaime Garzón, hace más de una década.

Garzón recibió un disparo en la cabeza de parte de hombres armados que se movilizaban en una motocicleta cuando se dirigía a trabajar en una estación de radio en el centro de Bogotá en 1999. Su asesinato conmocionó a los colombianos, por tratarse de un carismático intermediario de confianza con los rebeldes de izquierda en un momento de creciente violencia política.

El fallo del Consejo de Estado estableció que un ex coronel del ejército, y director adjunto de la extinta agencia de inteligencia DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) llevó a cabo escuchas ilegales al comunicador, y compartió la información con jefes paramilitares que se oponían a sus esfuerzos de paz.

Por eso, el Estado deberá pagar lo equivalente a unos 235 mil dólares a la familia de la víctima por daños y perjuicios.

Con información de la agencia AP.