El halo de impunidad de la justicia estadounidense con narco-paramilitares extraditados desde Colombia
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El halo de impunidad de la justicia estadounidense con narco-paramilitares extraditados desde Colombia

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez extraditó desde Colombia a los Estados Unidos una serie de jefes paramilitares que presuntamente habían incumplido con los compromisos adquiridos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, por lo que seguirían siendo juzgados en ese país.

Ya desde entonces, la decisión ha sido fuertemente criticada debido a que muchos de estos no podrían responder adecuadamente a la reparación ni revelarían toda la verdad de esa forma, dejando en la impunidad muchos de los crímenes por los que las víctimas clamaban justicia.

La noche del 13 de mayo de 2008, mientras los hombres eran embarcados hacia los estados unidos en plena noche y con la mayor presteza y sigilo posible, el presidente Uribe informó en alocución pública su decisión, asegurando que esto no sería así:

“El gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas. Contribuye a la verdad sin deformaciones. Es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz. Establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado”

“Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos”, añadió en esa oportunidad. Ocho años después, un reportaje del diario New York Times indica que muchos de estos cabecillas, que estaban siendo juzgados como narcotraficantes y terroristas, estarían siendo objeto de excesivas rebajas de penas e incluso tratados como personas sin antecedentes con permiso de residencia en ese país.

“Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—”

Se trata de unos 40 casos a los que ese medio accedió, no sin dificultad por el hermetismo con el que sostiene que se mantienen tales procesos. Las rebajas y beneficios se justifican aparentemente por declararse culpables y colaborar con la justicia. Uno de ellos, Salvatore Mancuso, vería reducida su condena de mínimo 30 años por sus delitos, a poco más de una década por su colaboración.

Así sucedería con varios de los demás extraditados, cuya “media de su estancia en prisión será de siete años y medio, según los cálculos de The New York Times”. Además, añade que la desproporción es todavía más evidente en cuanto a que “las personas acusadas de vender crack y cocaína en la calle, no más de 25 gramos, cumplen en torno a 12 años de cárcel en Estados Unidos”.

Para el diario neoyorquino las preguntas nacen en el mismo momento en que se da la orden de extraditarlos por varios factores. Afirma que Uribe los extraditó en tan inusual franja pues era el momento en que la Corte Suprema de Justicia estaba cerrada y no podría impedirlo. Aun así, resalta que resulta sorprendente la presteza con que ocurrió, pues los susodichos estaban en distintas cárceles del país, de donde fueron llevados a Bogotá para embarcarlos juntos en un solo vuelo.

Uno de ellos, Hernán Giraldo Serna, le dijo al New York Times que “Volaron rodeados de un silencio aplastante, enfadados porque el presidente de la mano dura, con quien “compartían ideología” en palabras de Giraldo, había roto su promesa de no extraditarlos”.

El hecho coincidió con los testimonios que daban los paramilitares, envolviendo a muchos congresistas sobre los que la Corte puso la mira en lo que en Colombia se conoció como la ‘parapolítica’. Muchos de estos eran copartidarios del presidente, que arremetió contra el alto tribunal difamándolo e incluso tratando de desprestigiar a sus miembros. Inclusive, de acuerdo con testimonios de algunos miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como la propia exsubdirectora según El País, aseguran que se les hacían interceptaciones ilegales con ese fin.

Ese diario estadounidense incluso cita al actual senador colombiano Iván Cepeda, que asegura que todo se debió a que los hombres estaban cerca de involucrar al presidente en el tema.

Volviendo a los extraditados, la forma en que se les ha tratado da cuenta de que los jueces compraron la versión de los abogados según la cual se trata de adalides que luchaban contra la guerrilla de las FARC y terminaron seducidos por el narcotráfico. Algunos de ellos incluso están en proceso de hallar asilo político allí viendo que en Colombia todavía pesan condenas en su contra.