El asesinato sistemático de líderes sociales puede ser ahora la principal amenaza a la paz en Colombia
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El asesinato sistemático de líderes sociales puede ser ahora la principal amenaza a la paz en Colombia

Incluso con dos guardaespaldas, un chaleco antibalas y un coche a prueba de balas, la activista de derechos humanos Doris Valenzuela aún no se siente segura en Colombia, su propio país. Su trabajo denunciando los abusos de derechos cometidos por bandas criminales le significó un atentado contra su vida, el asesinato de su hijo adolescente y la violación de su hija.

Después de huir de su casa seis veces para escapar de las amenazas de muerte, Valenzuela ahora espera encontrar refugio en Europa. La última amenaza de muerte ocurrió en diciembre, cuando dos hombres se acercaron a la mujer de 37 años en la calle de su natal Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, incluso cuando ella estaba flanqueada por sus guardaespaldas.

“Uno de los hombres tenía una pistola metida en el cinturón y me dijo: ‘Te haremos desaparecer'”, cuenta Valenzuela, madre de tres hijos. Y no es una amenaza vacía…

El año pasado, 117 activistas de derechos humanos fueron asesinados en Colombia; una cifra escandalosa en comparación con los 105 de 2015. Muchos de estos han sido atribuidos a grupos paramilitares de extrema derecha, furiosos de que las FARC estén en proceso de reintegrarse a la sociedad y formar un partido político bajo un histórico acuerdo histórico de paz.

Pero a pesar del acuerdo, la violencia contra líderes comunitarios y activistas de derechos humanos está empeorando, planteando interrogantes sobre si la paz realmente va a poner fin al derramamiento de sangre por política.

Aumento de las matanzas

Los activistas están siendo masacrados por hablar a favor del acuerdo de paz y por ser comprensivos con la causa de las FARC, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y otros grupos de derechos humanos.

Ellos culpan de la oleada de asesinatos en gran medida a exparamilitares que hacen parte de pandillas criminales que no fueron desmanteladas por las fuerzas de seguridad del Estado después de la desmovilización tras un acuerdo de paz en 2003.

La web Pacifista asegura que desde diciembre son 26 los líderes que han caído víctimas de este fenómeno, siendo los últimos tres el primer fin de semana de marzo.

“Los activistas son las personas que van a estar monitoreando y ayudando a solidificar la paz en el terreno”, dice Gimena Sánchez-Garzoli, delegada de Colombia en la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La oficina de derechos humanos de la ONU ha criticado la “violencia persistente” contra activistas en Colombia en el último año. Muchos temen que los homicidios sólo continúen a pesar del acuerdo. Las FARC se retiran allanando el camino para otros grupos armados, como el otro grupo rebelde —el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los líderes comunitarios que denuncian los abusos de derechos y los activistas que claman por derechos a la tierra que les fue despojada están en la línea de fuego de grupos armados que los consideran una amenaza para sus intereses económicos.

“Los grupos criminales sólo quieren asegurarse de que no se van a detener sus operaciones de drogas, la extorsión y la minería ilegal”, añade Sánchez-Garzoli.

El gobierno reconoce que grupos criminales controlan ciertas áreas de Colombia y asegura que se está moviendo rápidamente para impedir que expandan sus operaciones.

“Existen áreas en las que la minería ilegal es un tema muy real, al igual que el tema de los cultivos ilícitos, por lo que se encuentran actores ilegales que ejercen mucha presión y terminan dominando ciertas áreas afectando a las personas que viven allí”, explicó la asesora presidencial de derechos humanos, Paula Gaviria, a la Fundación Thomson Reuters en una entrevista telefónica.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha prometido proteger mejor a los activistas y llevar a los perpetradores ante la justicia. Fiscales estatales están investigando los asesinatos de al menos 63 activistas, lo que ha llevado a tres condenas hasta ahora, según Gaviria.

Algunos activistas de derechos humanos dicen que el aumento en los asesinatos de activistas podría tener un impacto en la transición del país a la paz después de medio siglo de guerra. “La violencia contra los asesinatos de los defensores es un mensaje muy malo para enviar a aquellas personas que entregan sus armas”, dijo Carlos Guevara, coordinador del grupo We Are Defenders, con sede en Bogotá. “¿Qué garantías tendrán para entrar en la vida civil y la política?”, añadió.

Los rebeldes han dicho que volverán al campo de batalla si no están protegidos y sus miembros comienzan a ser asesinados. Para implementar el acuerdo de paz sobre el terreno, el gobierno todavía necesita aprobar una serie de leyes y asegurar decenas de millones de dólares en fondos, un proceso que se espera tome meses.

“Cuantas más personas mueran durante ese período, más se socava el proceso de paz y la confianza en él”, dijo Sánchez-Garzoli

Los activistas como Valenzuela, que sueñan con terminar la escuela y ir a la universidad un día, dicen que no dejarán de hacer campaña, conscientes de la posibilidad de más violencia y abusos. “Nunca me rendiré, continuaré hasta las últimas consecuencias”, dijo Valenzuela.

Reporte de Anastasia Moloney, por medio de la Fundación Thomson Reuters.