Opositores insisten en hablar del ‘paso definitivo’ a la dictadura en Venezuela
Share this on

Opositores insisten en hablar del ‘paso definitivo’ a la dictadura en Venezuela

Los líderes de la oposición calificaron el jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “dictador”, después de que la Corte Suprema asumiera las funciones del Congreso y empujara un prolongado enfrentamiento político a nuevos horizontes.

Hubo una rápida y generalizada condena internacional a la anulación de facto de la Asamblea Nacional, donde la oposición ganó una mayoría a finales de 2015. El jefe de la Organización de Estados Internacionales (OEA), Luis Almagro, dijo que el tribunal venezolano había dado las últimas estocadas a la democracia, y acusó al “régimen” de Maduro de llevar a cabo un “golpe de Estado”.

Brasil, Argentina, México, Chile, Guatemala y Panamá expresaron fuertes preocupaciones mientras Colombia llamó a consultas a su embajador y Perú lo retiró de forma definitiva, calificando el tema como una ‘ruptura de la democracia’.

Estados Unidos describió la medida como un “grave revés para la democracia en Venezuela”, mientras que la Unión Europea pidió un “calendario electoral claro” para el futuro.

El gobierno de Maduro, motivado por los reproches a lo largo de América Latina, condenó el jueves lo que describió como un “pacto regional de derecha”: “Rechazamos el rudo apoyo del gobierno peruano a los sectores violentos y extremistas en Venezuela”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, en una serie de tweets.

Líderes de la coalición de oposición de la Unidad Democrática de Venezuela renovaron su demanda de elecciones presidenciales anticipadas y acusaron a Maduro de imitar el cierre del Congreso por parte del líder peruano Alberto Fujimori en 1992.

“Nicolas Maduro ha llevado a cabo un ‘golpe de estado’ (…) es una dictadura”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, antes de desgarrar una copia del fallo de la Corte Suprema en una conferencia de prensa en los jardines de la legislatura.

“La Asamblea Nacional no reconoce a la Corte Suprema”

Tribunal Supremo de Justicia asume labores legislativas argumentando ‘desacato’ del Congreso

Protestas

La oposición prometió nuevas protestas callejeras a partir del sábado, aunque esa táctica ha fracasado en el pasado pese a que han atraído a cientos de miles de manifestantes.

El año pasado, la oposición pidió un referéndum para recordar a Maduro y forzar una nueva elección presidencial, pero las autoridades lo frustraron y también pospusieron las elecciones locales que se suponía se celebraran en 2016.

El mandato de Maduro termina en enero de 2019.

Alrededor de una docena de legisladores de la oposición que intentaban marchar a la Corte Suprema el jueves se enfrentaron con soldados de la Guardia Nacional y partidarios del gobierno que se alinearon para detenerlos.

Grupos jóvenes salieron a las calles en partes de Caracas e intentaron bloquear una carretera importante con banderas y estandartes diciendo: “No a la dictadura”. Sin embargo, los números eran pequeños y se dispersaron rápidamente.

En 2014, una oleada de disturbios azotó el país, dejando más de 40 muertos, aunque ahora muchos opositores al gobierno dicen que sienten que la protesta es inútil.

“Si la comunidad internacional se mantiene firme, exigiendo elecciones, estamos seguros de que el gobierno tendrá que dar marcha atrás”, dijo el líder de la oposición y candidato presidencial dos veces, Henrique Capriles.

Pescando en río revuelto

Ahuyentadas por la advertencia de la oposición de que las transacciones de inversión no serían válidas sin antes pasar por el Congreso, las compañías petroleras extranjeras seguían de cerca el enfrentamiento político.

Venezuela intenta recaudar fondos para pagos de bonos y salvar una economía deformada tratando de vender participaciones en campos petroleros, para lo cual el TSJ habilitó al mandatario.

La petrolera estatal PDVSA recientemente ofreció a Rosneft de Rusia una participación en la petrolera Petropiar, dijeron a Reuters fuentes con conocimiento de la propuesta.

“Queremos dejar claro a todas las compañías petroleras que toda alianza estratégica (que no pase por el Congreso) es nula”, dijo Borges el jueves.

Algunos inversionistas podían ver la sentencia del Tribunal Supremo como una la luz verde para invertir, pero otros están cada vez más preocupados por el oscuro marco legal. “Existe una duda razonable sobre la legalidad de todo esto”, dijo una fuente de una compañía petrolera extranjera.

Con información de REUTERS.