Pese al ‘reversazo’, Maduro pudo haber conseguido lo que quería
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Pese al ‘reversazo’, Maduro pudo haber conseguido lo que quería

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pudo haber revocado parte de su explosiva decisión de asumir el control de un congreso dirigido por la oposición, pero aún le da al presidente Nicolas Maduro poderes adicionales sobre la enorme riqueza petrolera de la nación.

El reversazo del sábado se produjo después de que líderes políticos de todo el mundo y manifestantes acusaran al Tribunal, de corte oficialista, de hacer de Maduro un dictador.

Mientras que el tribunal retrocedió su decisión de asumir completamente el poder legislativo, sí dejó en pie los privilegios de Maduro para concretar acuerdos petroleros en nombre de PDVSA, la petrolera estatal, sin aprobación del Congreso.

El gobierno de Maduro ahora tiene la autonomía para vender participaciones en los yacimientos petrolíferos de Venezuela, que contienen las mayores reservas del mundo, o lanzar nuevas empresas mixtas con extranjeros.

La acción judicial, sin embargo, prepara el terreno para un prolongado fracaso legal y político que podría espantar a los inversionistas extranjeros y socavar aún más los esfuerzos de la nación para estabilizar PDVSA, de acuerdo con legisladores de la oposición y expertos del sector.

La firma estatal se está recuperando de la caída de los precios del petróleo, una crisis de flujo de caja y problemas operacionales crónicos que han frustrado su capacidad de servir a clientes en todo el mundo.

La lucha se centra en el requisito constitucional de que la Asamblea Nacional apruebe los contratos de “interés público nacional” de PDVSA con empresas externas.

La legislatura —que ha sido controlada por miembros que se oponen al gobierno de Maduro– advirtió a los inversionistas que los acuerdos petroleros serían inválidos sin la aprobación de la asamblea.

Los legisladores de la oposición criticaron a la petrolera estatal rusa Rosneft, por ejemplo, luego de pagar 500 millones de dólares el año pasado para aumentar su participación en Petromonagas hasta el 40 por ciento sin aprobación legislativa.

Rosneft, un importante socio de PDVSA, dijo que el acuerdo era legal. Sin embargo, el episodio destapó un potencial atolladero legal para los inversionistas.

Tras la acción del tribunal el sábado, los líderes de la oposición se comprometieron a continuar desafiando la validez de los acuerdos petroleros que no aprueben.

“Esta es la desesperación por los dólares”, dijo a Reuters el legislador opositor Elias Matta, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Congreso.

“Que quede claro que cualquier empresa creada bajo este esquema será nula – totalmente nula”

Inversionistas nerviosos

El embrollo podría obstaculizar las inversiones de las compañías multinacionales, especialmente aquellas que están sujetas a un escrutinio regulador más estricto en el país.

El jueves, el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rompió el texto del fallo del Tribunal Supremo; una imagen que podría desestabilizar las juntas corporativas.

Otros grandes petroleros de Venezuela incluyen la estadounidense Chevron Corp y la estatal china CNPC.

La incertidumbre de los inversionistas, a su vez, podría socavar aún más la devastada economía venezolana, que depende de PDVSA en más del 90 por ciento de los ingresos de exportación, ya que millones enfrentan escasez de alimentos e inflación desbocada.

En teoría, la decisión del tribunal permitiría al gobierno de Maduro hacer cualquier cosa menos privatizar PDVSA sin la aprobación de la Asamblea Nacional, dijo Francisco Monaldi, investigador de la política energética de América Latina en el Instituto Baker de Houston.

“Como resultado de todo este escándalo internacional, los inversionistas extranjeros tendrán menos probabilidades de invertir”

 

La producción venezolana de petróleo se desplomó el año pasado debido a las constantes interrupciones de las refinerías, a la salida de talento y a la escasez de equipo básico en campos petrolíferos, como los diluyentes importados necesarios para mezclarse con el crudo pesado.

En medio de las crecientes deudas, Venezuela ha intentado vender participaciones en campos petroleros para reforzar sus arcas antes de que venza su plazo para pagar cerca de 3.000 millones de dólares en obligaciones de bonos este mes, según fuentes de la agencia Reuters.

El viernes, los bonos venezolanos cayeron por el impacto de la última crisis en la solvencia crediticia del país.

No está claro si la decisión inicial de la Corte Suprema —la que provocó indignación mundial– fue motivada por un plan inminente de vender una participación en un campo petrolero o crear una nueva empresa petrolera.

Reuters informó en marzo que PDVSA estaba negociando un acuerdo de negocios con Rosneft y había ofrecido a la empresa estatal una participación en Petropiar.

La oferta no ha sido confirmada y no está claro si Rosneft, que se ha convertido en una fuente cada vez más importante de financiamiento para PDVSA, está interesado. PDVSA también está confiando en Rosneft para ayudarlo a enfrentar sus pagos de bonos, tal como informó Reuters el viernes.

A fines del año pasado, Venezuela utilizó el 49,9 por ciento de sus acciones en la subsidiaria estadounidense Citgo como garantía para financiamiento de préstamos de Rosneft. El movimiento enfureció a los políticos de la oposición, que argumentan que un gobierno desesperado está hipotecando activos nacionales preciosos.

Con información de Alexandra Ulmer, vía REUTERS.

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