Medidas de Estados Unidos en Venezuela contemplan sanciones, pero no acciones unilaterales
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Medidas de Estados Unidos en Venezuela contemplan sanciones, pero no acciones unilaterales

Un influyente grupo de senadores republicanos y demócratas estadounidenses presentó el miércoles una amplia legislación para hacer frente a la crisis en Venezuela, incluyendo sanciones a individuos responsables de socavar la democracia o estar involucrados en corrupción.

El proyecto de ley, conocido por primera vez por Reuters, proporcionaría 10 millones de dólares en ayuda humanitaria a ese país y exigirá al Departamento de Estado coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis, mientras solicita a la inteligencia estadounidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico.

Los asesores del Senado dijeron que el proyecto de ley trataba de reaccionar ante la crisis al trabajar con países de las Américas y organizaciones internacionales, en lugar de hacerlo unilateralmente, al tiempo que se enfocaban en algunas de las causas de la crisis y respaldaban los derechos humanos.

Los funcionarios estadounidenses han sido reacios a ser demasiado expresivos sobre Venezuela, cuyos líderes acusan a Washington de ser la verdadera fuerza detrás de la oposición al gobierno izquierdista del país.

El proyecto también pide al presidente Donald Trump que tome todas las medidas necesarias para impedir que Rosneft, la petrolera estatal rusa, se haga con el control de cualquier infraestructura energética estadounidense.

Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país busca inversión y recursos. La petrolera estatal venezolana PDVSA utilizó el año pasado el 49,9 por ciento de sus acciones en su subsidiaria estadounidense Citgo como garantía para financiamiento de préstamos por parte de Rosneft.

En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4 mil y 5 mil millones de dólares.

La medida surge cuando la comunidad internacional ha luchado para responder a la profunda crisis económica y las protestas callejeras en la nación sudamericana de la OPEP.

Al menos 33 personas murieron, más de 400 resultaron heridas y más de mil detenidas desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en abril, en medio de una grave escasez de alimentos y medicinas, profunda recesión e hiperinflación.

El miércoles, los partidarios de la oposición venezolana se adueñaron de la vía principal en Caracas para protestar contra la anunciada “asamblea constituyente”, la cual ven como su intento de aferrarse al poder evitando las elecciones.

Promotores prominentes

Los principales patrocinadores de la legislación son el senador Ben Cardin, el demócrata más distinguido de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador Marco Rubio, el presidente republicano del subcomité del panel del hemisferio occidental y crítico del gobierno venezolano.

Los copatrocinadores, entre ellos el senador John Cornyn, el republicano No. 2 de la cámara, y el senador Dick Durbin, el demócrata No. 2, así como el senador republicano John McCain, el influyente presidente del Comité de Servicios Armados del Senado.

“Es de interés estratégico de Estados Unidos apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar con los socios regionales para poner al país de vuelta en el camino hacia la paz, la prosperidad y la estabilidad”, dijo Cardin en un comunicado.

El proyecto de ley tiene 11 secciones, tratando de hacer frente a la crisis con un amplio espectro. Para combatir la corrupción, se requeriría que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia prepararan un informe sin clasificar, con un anexo clasificado, sobre cualquier participación de funcionarios del gobierno venezolano en la corrupción y el narcotráfico.

En el pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a funcionarios venezolanos o exfuncionarios, acusándolos de tráfico o corrupción, una designación que permite congelar sus activos en los Estados Unidos y los impide realizar transacciones financieras a través de los Estados Unidos.

Los funcionarios, como sucedió con el propio vicepresidente Tareck Al Aissami, han negado los cargos, y los llamó un pretexto como parte de un esfuerzo para derrocar el gobierno de Maduro.

Con información de Patricia Zengerle, vía REUTERS.