Fiscal venezolana ahora critica tribunales militares y exceso de fuerza contra manifestantes
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Fiscal venezolana ahora critica tribunales militares y exceso de fuerza contra manifestantes

Al profundizar su escisión con el impopular gobierno del presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de Venezuela acusó el miércoles a los agentes de seguridad de uso de fuerza excesiva para controlar las protestas y ​​condenó el uso de tribunales militares para juzgar a los manifestantes.

En un discurso el miércoles, la fiscal Luisa Ortega se refirió así a los hechos en los que 55 personas han muerto en disturbios, cerca de 1.000 resultaron heridas y 346 propiedades incendiadas o saqueadas a medida que el caos se extiende por el país.

Ortega dijo que las investigaciones revelaron que un estudiante de 20 años, Juan Pernalete, fue asesinado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado desde cerca por la Guardia Nacional, y no por una pistola como habían sugerido funcionarios oficiales.

“Disparar gas lacrimógeno directamente a la gente está prohibido”, dijo, sosteniendo un casquillo y mostrándolo ante los periodistas en una conferencia de prensa que se vio obligada a dar en un lugar alternativo después de un corte de energía en su oficina.

Más de la mitad de las lesiones han sido causadas por las fuerzas de seguridad, agregó, condenando la violencia en ambos lados.

Ortega dijo que su oficina también estaba investigando siete casos de tribunales militares que procesaban a personas que debían estar en tribunales civiles ordinarios. “Estamos preocupados por la situación de los detenidos en los tribunales militares”, dijo Ortega, exigiendo acceso a los detenidos.

El grupo de Derechos Humanos Foro Penal dice que 338 personas han enfrentado procesos en tribunales militares en los últimos días, con 175 detenidos.

En el estado de Falcón, en el noroeste de Venezuela, la gente atrapada robando “materiales estratégicos” (como cables), de empresas gubernamentales, también sería juzgada en tribunales militares, de acuerdo con el nuevo plan de seguridad de Maduro.

Las protestas de este miércoles los manifestantes venezolanos protestaron especialmente por el anuncio de dos fechas electorales, que en otras circunstancias habrían apaciguado su descontento, pero que no hicieron más que empeorar. Esto después de que el consejo electoral anunciara para julio la fecha de la elección de la controversial “asamblea constituyente”, retrasando las elecciones estatales en diciembre.

Los enemigos de Maduro se opusieron a que se trataba de una farsa diseñada para confundir a los venezolanos y permitir que el impopular gobierno izquierdista evite elecciones libres y justas que probablemente perdería.

Los legisladores de la oposición dicen que la asamblea, cuyos 540 miembros serán elegidos a nivel municipal y por grupos comunitarios como obreros, estará llena de oficiales que obedecerán las órdenes de Maduro de reescribir la Constitución a su antojo.

“Una vez instalada, esta asamblea constituyente eliminará gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional”, dijo el legislador de oposición Tomás Guanipa. “Ha habido una ruptura en el orden constitucional de Venezuela, y las calles son nuestra manera de rescatarlo”, agregó.

Maduro, por su parte, sostiene que se enfrenta a una “insurrección armada”, y que la asamblea constituyente, un cuerpo que reemplazará a todos los demás poderes públicos, es el camino para restablecer la paz en Venezuela.

Los partidarios de la oposición planeaban marchar al consejo electoral el miércoles, pero los soldados de la Guardia Nacional estaban en el lugar para detenerlos.

Con información de REUTERS

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