Bolivia indemnizó con 50 mil dólares a mujer peruana que fue esterilizada sin su consentimiento
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Bolivia indemnizó con 50 mil dólares a mujer peruana que fue esterilizada sin su consentimiento

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado de Bolivia a indemnizar con 50 mil dólares a una mujer peruana que fue esterilizada sin su consentimiento. Se trata de una refugiada que reside en ese país desde hace más de dos décadas tras declararse perseguida política por el Gobierno de Alberto Fujimori.

A través de un comunicado oficial, el procurador general, Pablo Menacho, admitió que “El Estado reconoció su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima”. Asimismo aclaró que la entidad se hará cargo de la atención médica de la afectada quien podrá elegir el prestador de su elección y le otorgará también un seguro especializado.

El hecho ocurrió en el año 2000, luego de que la mujer, cuya identidad no trascendió, diera a luz en un hospital público de la ciudad de La Paz. Allí el personal médico que la atendió decidió practicarle una operación en las trompas de Falopio aún cuando la paciente no lo solicitó ni su estado de salud lo exigía.

Luego de 17 años, la CIDH falló a su favor y las autoridades de Bolivia debieron asumir su responsabilidad.

De acuerdo con El Nuevo Diario, este gesto que fue aplaudido por la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Para esa entidad, “la mujer fue víctima de un trato cruel, inhumano, degradante y de discriminación”, luego de que se le hiciera la esterilización forzada.

Si bien no es el único caso de esta índole que se registra en Bolivia, sí es la primera vez que desde el Estado se hacen cargo en público del daño causado. Según este diario, la causa se dilató durante muchos años debido a una serie de obstáculos que derivaron en la extinción del proceso judicial. No obstante, en el 2015 la CIDH tomó el caso y un año después declaró la culpabilidad del sector público.

Entre las diferentes medidas que debía acatar el Estado se encontraba el reconocimiento internacional de su responsabilidad y el pago de la reparación económica. Las dos disposiciones finalmente fueron acatadas con la intervención de diferentes como la Procuraduría General, representantes del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la participación de la organización Derechos en Acción, y la representante legal de la víctima, tal como lo enumera el mismo rotativo.

En información de Bio Bio Chile, tanto el médico involucrado como el Estado de Bolivia señalaron en su momento que la mujer ingresó al nosocomio en carácter de urgencia. Una vez allí, ella fue informada de que le sería practicada una intervención en las trompas de Falopio para evitar la posibilidad de “futuros embarazos riesgosos”. Este medio aclaró que la refugiada política tenía para ese momentos 35 años de edad.

Al momento de emitir su resolución final, la CIDH se sustentó en los derechos que le fueron violados a la víctima tales como: la posibilidad de tener una familia, su integridad física y moral, libertad personal, dignidad y el acceso a la información, entre otros.