Corte Constitucional colombiana desatascaría una parte fundamental para implementar el acuerdo de paz
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Corte Constitucional colombiana desatascaría una parte fundamental para implementar el acuerdo de paz

Noviembre es un mes crucial para la definición de uno de los temas más espinosos del acuerdo de paz en Colombia: la Justicia Especial para la Paz (JEP); una jurisdicción única que será la encargada de juzgar a los actores del conflicto de casi medio siglo en el país dictando penas alternativas para aquellos excombatientes no involucrados en delitos atroces.

El tema ha estado frenado en el Congreso durante varios días, con el agravante de que el ‘Fast Track’, la herramienta para aprobar leyes en función de la aprobación del acuerdo en la mitad del tiempo, vence el último día de noviembre.

Objeciones de la oposición e intereses políticos de miembros de una coalición de gobierno cada vez más resquebrajada han encendido las alarmas, forzando al Gobierno a insistir en el lobby para buscar consensos para evitar que el ausentismo aplazara la discusión, como ha venido sucediendo de forma reiterativa en el presente mes.

Sin embargo, este martes la Corte Constitucional le volvió a echar una mano importante al tema por unanimidad, declarando exequible la JEP y cediendo en algunos de los términos en los que la oposición se sentaba para evitar su avance. Por ejemplo, el Alto Tribunal confirmó que los líderes guerrilleros que pretendan participar en política como parte del nuevo partido político de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aún tendrán que cumplir con las sentencias.

La corte hizo varias modificaciones a la ley, informaron los medios locales, abriendo la posibilidad de que los exrebeldes puedan ser extraditados por crímenes cometidos después de que termine el proceso de paz y que aquellos elegidos para un cargo público puedan perder sus escaños si no cumplen con el proceso de tribunal, que también será el que los habilite para asumirlo.

Uno de los postulados más importantes está orientado a responder a una de las preocupaciones de la oposición más recalcitrante, la del partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con La Silla Vacía, la Corte descartó “la posibilidad de que la JEP pueda decir algo respecto a Álvaro Uribe o a cualquier expresidente”.

Incluso ese mismo medio señala que el tribunal extendió el amparo a “Fiscal General, el Procurador, el Contralor, magistrados de Altas Cortes y de Tribunales, a los ministros, los gobernadores y los congresistas – y todos sus ex”.

El partido opositor alegaba que el acuerdo contemplaba la posibilidad de que tanto políticos como ’empresarios de bien’ terminaran ante el estrado de la JEP. Y es que ese fue uno de los puntos que terminó cambiando para dejar tranquila a la bancada que también representa a la mayoría de colombianos que votaron ‘No’ en el plebiscito que obligó a efectuar cambios al primer acuerdo, en octubre de 2016.

Los militares mantienen su estatus especial contemplado en el acuerdo y los civiles podrán elegir si acogerse o no, so pena de que la justicia ordinaria los pueda procesar normalmente en caso de ser responsables. Esto, para muchos, es el sacrificio más notorio para la aprobación, pues muchos civiles promotores irresponsables del conflicto podrían quedar impunes.

Ahora todo queda en manos del Congreso, donde debería destrabarse la discusión. Esto a menos que lo que los que la han venido entorpeciendo en realidad busquen otra cosa.