Tras las precisiones de la Corte Constitucional, el Senado colombiano aprobó la Justicia Especial para la Paz
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Tras las precisiones de la Corte Constitucional, el Senado colombiano aprobó la Justicia Especial para la Paz

El Senado de Colombia aprobó la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, bajo la cual se regulará la impartición de justicia durante la transición de aplicación del acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC.

La ley, aprobada a última hora del miércoles, se considera la piedra angular del acuerdo, e incluye los tribunales especiales que juzgarán a los líderes de la guerrilla por crímenes de guerra. La medida aún necesita la aprobación de la Cámara baja del Congreso, que probablemente la vote a principios de la próxima semana.

Los tribunales especiales dictarán sentencias alternativas para exlíderes de la guerrilla que son condenados por crímenes de guerra tales como la eliminación de minas terrestres. Bajo el acuerdo de paz, los condenados no cumplirán su condena en las cárceles tradicionales.

La ley también se puede aplicar a miembros de las fuerzas armadas y civiles que financiaron grupos ilegales como los paramilitares, aunque con algunas condiciones.

El Congreso tiene hasta fin de mes para aprobar la ley utilizando el mecanismo de “Fast Track” aprobado por el tribunal para reducir el número de debates requeridos en un esfuerzo por implementar el acuerdo de paz lo más rápido posible.

En un movimiento que desatascó el debate en el Senado, el máximo tribunal de la nación dictaminó esta semana que la mayoría de la ley, incluidas las disposiciones que permiten a los ex rebeldes participar en la política, es constitucional. La resolución pareció tener efecto inmediato, pues el Senado la aprobó apneas un día después.

Sin embargo, la corte hizo varias modificaciones. Una disposición en el acuerdo prohíbe la extradición de ex miembros de las FARC, pero el fallo dice que solo se aplica a los delitos que ocurrieron antes del acuerdo.

También dijo que los exrebeldes que cometan crímenes después de la desmovilización estarían sujetos a leyes regulares que incluyen la posibilidad de extradición.

Eso no le cayó bien a las FARC, que ahora oficialmente es un partido político. “La prohibición de la extradición, tal como está en el acuerdo final, es un derecho y no un beneficio”, dijo el jueves Iván Marquez, miembro de las FARC, a los periodistas. “Hacer la prohibición ineficaz constituye un flagrante y muy grave incumplimiento del trato”, afirmaron.

Con información de REUTERS